Fernando Verdú denuncia la “carga” de la Medicina Forense en la investigación criminal

06/07/2009. El profesor de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, Fernando Verdú, pidió ayer que la prueba pericial utilizada para dilucidar la comisión de delitos, ocupe una dimensión más proporcional y razonable, “puesto que es un recurso con muchas limitaciones científicas y está basado en opiniones personales de expertos”.

Verdú ha intervenido en el curso de verano: La ciencia actual en la investigación criminal, para reclamar que los resultados obtenidos por médicos forenses sean “una parte más” del proceso, y que jueces y fiscales valoren en la misma medida la declaración de testigos y otras pruebas documentales. Según ha dicho, el excesivo protagonismo de la evidencia científica es un fenómeno global, que puede llevar a prisión a muchas personas o eximir de cumplir penas a otras que realmente han delinquido.

Para el profesor, se debería valorar que las circunstancias bajo las que se producen muchos delitos tienen una naturaleza muy variable, y que están rodeados de matices “extraños”. Por ejemplo, que un forense concluya taxativamente que una persona asesinada “ha fallecido hace un par de horas” puede llegar a ser un atrevimiento que debería desterrarse. De esta forma, conduces a la policía a un tramo horario que condiciona extraordinariamente los resultados de la investigación, ha explicado Verdú. Además, la carga a la que se somete a la medicina forense está agravada por una exigencia en la inmediatez de los resultados. Los forenses debemos aprender a decir que hay interrogantes que no se pueden responder con absoluta base científica, ha apuntado.

Alta demanda de alumnos

El seminario cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura y el Cuerpo Nacional de Policía y participan más de 200 alumnos. La conferencia inaugural corrió a cargo del secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, José Miguel Otero, quien subrayó los esfuerzos de la Policía por formar a especialistas encargados de la “cadena de custodia”, que asegure el seguro tratamiento de las pruebas, desde su recogida hasta la comunicación a los jueces.