La Comisión Sectorial de Profesorado del G-9 muestra su preocupación por el tratamiento de la figura del profesor asociado en la nueva ley orgánica del sistema universitario

Oviedo. 17 de junio de 2022. La Comisión Sectorial de Profesorado del Grupo 9 de Universidades (G-9) ha mostrado hoy su preocupación por el tratamiento de la figura de profesor asociado en la actual redacción del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta comisión, que ha mantenido en encuentro el jueves y viernes en la Universidad de Oviedo, confía en que se introduzcan modificaciones para que el texto final de la nueva LOSU sea el mejor posible para la institución universitaria y la sociedad en su conjunto.

La comisión ha recordado que la actual redacción del anteproyecto aboga por la transformación de la figura de profesor asociado en otra de carácter indefinido con el objeto de reducir la temporalidad en la docencia universitaria. José Antonio Mayoral Murillo, rector de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Sectorial de Profesorado del G-9, destaca, con relación a las críticas sobre la contratación de falsos asociados, que, en el ámbito del grupo G-9, “rechazamos que nuestros contratos sean fraudulentos y que se precarice a este colectivo, que debe tener para su contratación una actividad profesional principal fuera del ámbito académico universitario”. “Una cosa es que en la universidad española se considere que hay un exceso de profesorado asociado y otra que los contratos sean fraudulentos. El exceso tiene mucho que ver con las tasas de reposición de la década anterior y con los seculares problemas de financiación del sistema universitario”, añade el presidente de la sectorial.

El vicerrector de Políticas de Profesorado de la Universidad de Oviedo, Pedro Alonso, anfitrión del encuentro, manifiesta que “de no modificarse la actual redacción del texto legal, la nueva ordenación transformará en permanente una segunda actividad de personas que pueden tener otra relación de empleo que ya es estable, muchas veces en las administraciones públicas. Esta situación obligará posiblemente a modificar la normativa de compatibilidades de los empleados públicos, siempre de manera asimétrica, puesto que nunca se flexibiliza en sentido favorable para el profesorado universitario a tiempo completo”.

Los integrantes de la Comisión Sectorial de Profesorado del G-9 consideran, en cualquier caso, que la perspectiva de la docencia impartida por el profesorado asociado resulta esencial en algunas titulaciones. Los miembros de la comisión subrayan además que esta transformación de la figura del asociado, como muchas otras que aparecen en las múltiples evoluciones del anteproyecto, va a incrementar los costes del sistema universitario sin que se vislumbren partidas económicas que compensen el aumento de estos costes y con el consiguiente riesgo de abocar a la universidad hacia la insostenibilidad financiera.

La comisión ha añadido que debe abordarse una adecuada comparabilidad entre la actividad que realiza el profesorado asociado y la del profesorado a tiempo completo, partiendo de que la contratación del profesorado asociado tiene por objeto exclusivo la cobertura de determinadas necesidades docentes, mientras que el profesorado a tiempo completo combina la actividad docente con la investigadora y la de gestión. Ha de tenerse en cuenta que también hay profesorado de los cuerpos docentes universitarios con relación a tiempo parcial, que tiene unas condiciones de empleo y retributivas muy determinadas y que puede servir de parámetro, salvando las diferencias en la actividad que realizan unos y otros.

Importancia de la actividad docente

Los integrantes de la sectorial han hecho hincapié, durante su reunión en la Universidad de Oviedo, en la importancia de la actividad docente, en relación con la función primaria que la universidad cumple para la sociedad, que es académica. “Es preocupante cómo el sistema conduce a que los actores sean refractarios a la actividad en el aula o en el laboratorio, dado que valora más otro tipo de actividades. La reducción de la actividad docente del ayudante doctor marca claramente esta tendencia”, aseguran.

En relación con las relaciones de puestos de trabajo (RPT), la comisión ha querido destacar el papel vertebrador que tienen como un elemento eficiente en el reflejo de la realidad de las universidades, con carácter dinámico y adaptable a los cambios que se produzcan en los ámbitos académicos y científicos, sociales, políticos y económicos.  Finalmente, la comisión ha solicitado al gobierno que aproveche la ocasión para eliminar discriminaciones que obran en contra del profesorado de los cuerpos docentes universitarios y, por extensión, a otro profesorado, en comparación con otros empleados públicos. Esta petición hace referencia, en concreto, a la normativa de incompatibilidades de los empleados públicos y a la de retribuciones.

La reunión de la Comisión Sectorial de Profesorado ha contado con la presencia de José Antonio Mayoral Murillo, rector de la Universidad de Zaragoza y presidente de la comisión, Pedro Alonso Velázquez, vicerrector de Políticas de Profesorado y Jesús Ángel Del Brío González, director de Área de Profesorado (Universidad de Oviedo), Ernesto Anabitarte Cano, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado (Universidad de Cantabria), Jacinto Martín Jiménez, vicerrector de Profesorado (Universidad de Extremadura), Antoni Bordoy Fernández, vicerrector de Personal Docente e Investigador (Universitat de les Illes Balears), Eva Sanz Arazuri, vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado (Universidad de La Rioja),  Federico Recart Barañano, vicerrector de Personal Docente e Investigador (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), Arantxa Villanueva Larre, directora del Área de Profesorado (Universidad Pública de Navarra), Ismael Jiménez Compaired, vicerrector de Profesorado (Universidad de Zaragoza) y, en asistencia telemática, Ana Isabel Briones Pérez, vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional (Universidad de Castilla-La Mancha).

Grupo 9 de Universidades

El Grupo 9 de Universidades, G-9, es una asociación conformada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios.